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octubre 2nd, 2013sector públicoMildemonios 1 Comments
El circo parlamentario (36): Sobre Nazca, el acceso al agua y la pertinencia del Congreso

Por un tiempo he estado haciendo un barrido en orden alfabético de los congresistas con los que contamos.  Para cada uno tomo un proyecto de ley escrito por él o ella y chequeo si ha hecho bien su chamba de evaluar el impacto de la iniciativa.  Y es que por ley ellos deberían hacer un análisis costo beneficio de lo que están proponiendo.  Este costo y este beneficio no solo es lo que le costará al Estado implementarlo, también deberían considerar lo que pierden las familias o las empresas, algo que nuestros queridos congresistas rara vez consideran.  El último post que escribí al respecto fue éste.

Como ya dije, estoy avanzando en orden alfabético.  Así que los tres que siguen son estos.

José Luis Elías Ávalos, fujimorista.  No le ha puesto su nombre a muchos proyectos de ley.  Uno de su autoría es la Ley de creación de la provincia de Nasca.  Y no, no lo estoy escribiendo mal.  Justamente todo el chongo de este proyecto de ley es pasar del nombre oficial “Nazca” al nombre oficial “Nasca”.  No digo que no tenga sentido.  A lo mejor lo tenga.  En todo caso, pueden ver el texto completo en este enlace.  El análisis costo beneficio está en la página 2.  Tiene apenas tres líneas.  Y a que no adivinan.

1. Confunde gasto con costo.  El congresista Elías Ávalos dice que no nos preocupemos, porque la norma no genera gasto.  Pero eso no es lo que le han preguntado.  Lo que queremos saber es qué costos genera.

2. ¡Además del hecho de que por supuesto que genera gastos! ¿Tienen idea de cuánto va a costar cambiar todas las señalizaciones, todos los documentos oficiales, hacer una campaña de difusión sobre el cambio, etc, etc? Un montón de plata, algo de lo cual el congresista Elías Ávalos no está particularmente preocupado.  Mal, mal, mal.  Jalado.

Marisol Espinoza, nacionalista.  Tampoco le ha puesto su nombre a muchos proyectos.  Pero a ver.  Tomando uno al azar nos sale el Proyecto de Ley que incorpora (…) al agua como derecho humano.  En este enlace está el texto completo.  El análisis costo beneficio está en la penúltima página.

El objetivo de esta iniciativa es poner al agua como derecho humano de todos los peruanos, de tal manera que el acceso a este bien esté por encima de todo lo demás.  Suena razonable, si es que no se toma en cuenta que detrás de esto hay un choque con la industria y con la minería y otras actividades que necesitan agua para funcionar.  Y que si en las ciudades no se accede al agua potable es por incompetencia de las empresas (privadas o públicas, de eso hablamos otro día) que deberían proveer el agua.  Se mete todo a una gran bolsa y se saca como derecho humano para después usar esto como cuña para paralizar proyectos de todo tipo.  Ni qué decir que si sale una ley como ésta, la Autoridad Nacional del Agua sale sobrando.

Insisto: No estoy diciendo que no haga falta elevar el agua a derecho humano.  Quién sabe.  Pero…

1. En el análisis costo beneficio no menciona ni costos ni gastos ni nada.  Solamente menciona los beneficios.  Como si el acceso al agua fuese gratuito o cayese del cielo.  Ok, sé que a veces el agua cae del cielo (¡se llama lluvia!), pero a eso hay que sumarle grandes obras de ingeniería para poderla administrar y canalizar a las poblaciones que las necesitan.  No reconocer que hay un costo asociado es bastante miope o bastante malintencionado.

2. Por supuesto que tiene un costo.  Brindar acceso al agua potable implica no solamente plata, sino una reforma de las instituciones relacionadas, como Sedapal.  Y como su propio gobierno podrá constatar, tocar Sedapal trae una serie de consecuencias políticas que no cualquiera querría asumir.  Así que sí, congresista Espinoza.  Hay un costo asociado y es irresponsable que no lo considere en su proyecto.

Rennan Espinoza, toledista.  Tampoco le ha puesto su nombre a muchos proyectos de ley.  Uno de su autoría es la ley que desarrolla el artículo 96 de la Constitución Política en lo que refiere a las responsabilidades por falta de respuesta de los informes solicitados por los representantes del Congreso de la República.  Yep.  Todo eso es el nombre.  El texto completo está en este enlace.  El análisis costo beneficio está en la penúltima página.

Por lo que entiendo, esta iniciativa pretende obligar a los funcionarios públicos estipulados en una lista a que emitan informes y datos al Congreso cuando éste se lo solicite.  Y lo deben de hacer en menos de 15 días.  Si tuviésemos un Congreso decente, quizás podría tener sentido esta norma. ¿Pero con estos congresistas? Y no lo digo por mero lugar común.  Lo digo porque cada vez más nos demuestran que no tienen ni idea de en dónde están parados.  Y si no me creen, lean una crónica de cómo se aprobó la ley de regulación de internet.  Es para llorar.

Pero en fin, pasemos a su análisis costo beneficio.

1. Confunde gasto con costo.

2. Dice que no genera costo alguno, pero por supuesto que lo genera.  En la medida en la que funcionarios tendrán que dejar de hacer otras cosas para atender los pedidos de congresistas que norman sobre la base de prejuicios y rumores, no quiero ni imaginarme la cantidad de tonterías que esos funcionarios tendrán que dejar de hacer para hacer informes sobre el gusanito de Yohnny Lescano o el funeral del perro del vecino.

(Dibujito de arriba: http://rossireakakat.blogspot.com)

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